8 de Enero del 2025 | Jaylin Emond-Hardin | Editora de Entretenimiento
El 20 de Noviembre del 2024, la Oficina Federal de Asuntos Indígenas notificó a las autoridades de Oregón que presentaría su declaración final de impacto ambiental sobre un casino fuera de la reserva que la Tribu Indígena Coquille desea construir en Medford, Oregón. La Tribu Indígena Coquille es una de las nueve tribus reconocidas a nivel federal en el estado de Oregón. Está ubicada en el sur del condado de Coos, con su reserva en las comunidades de Bandon, Barview, Coos Bay y North Bend. En mayo de 1995, los Coquille inauguraron su casino, llamado The Mill Casino, ubicado en la costa de North Bend y construido en un antiguo aserradero de madera contrachapada que la tribu adquirió a principios de los años 90. Algunos miembros de la tribu han protestado contra un problema principal, la propuesta de los Coquille de construir su casino a unas 170 millas fuera de su reserva. Han surgido más quejas sobre cómo esta medida podría desviar los ingresos de los casinos del sur de Oregón y el norte de California, uno de los cuales se encuentra a tan sólo 70 millas al norte del sitio propuesto en Medford.
El Casino y Resort Seven Feathers se encuentra junto a la I-5 en Canyonville, Oregón, y es propiedad de la Banda Cow Creek de la Tribu Indígena Umpqua, cuyos miembros son los principales opositores al casino propuesto.
“La Banda Cow Creek de la Tribu Indígena Umpqua y más de 30 tribus han luchado durante meses para que se les escuche sobre los devastadores impactos que las aprobaciones masivas de casinos fuera de la reserva tendrán en el Territorio Indígena, sólo para ser desestimadas e ignoradas,” declaró la Presidenta de Cow Creek, Carla Keene. “Hemos solicitado — incluso suplicado — que se nos vea, se nos escuche y se nos consulte sobre las decisiones que están tomando los burócratas en Washington D.C. que devastarán nuestras comunidades tribales.” Si bien la ley federal permite a las tribus construir casinos en tierras tribales adquiridas antes de 1988, la ley también contempla excepciones para tribus desfavorecidas, como la Tribu Indígena Coquille, que cuenta con tierras federales limitadas. Sin embargo, la ley también establece que
las tribus deben demostrar conexiones modernas y ancestrales con las tierras en las que se proponen construir.
Si bien es evidente que la Tribu Indígena Coquille se encuentra en desventaja, su conexión con las tierras de Medford no está clara.
La Tribu Indígena Coquille basa sus afirmaciones en un estudio — titulado “Senderos Coquille: Caminos y Senderos Históricos Tempranos de las Tierras Ancestrales de los Indígenas Coquille, 1826-1875” — iniciado en el 2006, con el objetivo de investigar y publicar una “geografía cultural” de la tribu Coquille moderna. El informe se completó en el 2012, el mismo año en que los Coquille propusieron su casino en Medford.
Los académicos e historiadores que presionan contra la reciente afirmación de la tribu indígena Coquille de su presencia en la cuenca del Río Rogue señalan que las lenguas que hablaban las tribus de la zona — específicamente las lenguas Takelma y Shasta — las cuales no están relacionadas con las lenguas ancestrales de los Coquille — el Athpascan y el Kusan. Además, los académicos han señalado que no existe documentación sobre las aldeas Coquille ni sobre la ocupación tribal antes de 1950, cuando un miembro de la tribu asistió a la Universidad Southern Oregón.
Uno de estos académicos es Stephen Dow Beckham, nativo de Coos Bay y experto en historia Estadounidense, reconocido por su trabajo con los nativos del noroeste del Pacífico. Su libro, “Los Indios del Oeste de Oregón: Esta Tierra Era Suya,” comparte parte de la historia más detallada de las Tribus Nativas del oeste, y fue escrito con la ayuda de los miembros del consejo tribal Coquille, Siuslaw y Lower Umpqua — estos dos últimos forman parte de las Tribus Confederadas de Coos, Lower Umpqua y Siuslaw.
Beckham cuestiona la reclamación de tierras ancestrales de los Coquille y señala que el estudio “incluye tierras demostrablemente no ocupadas ni utilizadas por los antepasados de la Tribu Coquille moderna. La ampliación del área de estudio a 1.4 millones de acres … es un error significativo (del estudio).”
En cualquier caso, los Coquille esperan la aprobación final del casino propuesto en Medford tras un período de consulta pública de 30 días. La Banda Cow Creek de la Tribu de Indios Umpqua, la Tribu Karuk y la nación Tolowa Dee-ni’ optaron por presentar una demanda. La demanda, presentada el 23 de Diciembre del 2024, nombró al Departamento del Interior federal, a funcionarios de la administración Biden y a la secretaria del Interior, Deb Haaland, como demandados. Afirmó que la aprobación del casino propuesto es inconstitucional porque se basa en regulaciones federales inválidas especificadas por el Consejo de Calidad Ambiental, y alegó que Haaland no consultó adecuadamente con las tribus que se oponen al casino. La demanda buscaba una orden de restricción temporal contra los demandados, además de impedir que el casino de Medford siguiera adelante.
“Desde entonces, Cow Creek ha intentado en múltiples ocasiones consultar con la propia secretaria y con el Departamento del Interior, según las indicaciones de la Casa Blanca, sin éxito,” declaró el abogado Gabe Galanda. “Estamos demandando para pausar el proceso y permitir que se realice dicha consulta, tal como se prometió.”
El casino propuesto en Medford sería de Clase II, con máquinas de juego pero sin mesas de juego, y operaría en una antigua bolera en la autopista S. Pacific, entre las ciudades de Medford y Phoenix, Oregón. El casino Cow Creek en Canyonville está clasificado como un casino de clase III, con mesas de juego como blackjack, póquer y ruleta.
En defensa de su iniciativa para la aprobación del casino de Medford, Judy Farm, directora ejecutiva de Tribal One, la rama de desarrollo económico de la Tribu Coquille, explicó cómo Cow Creek tuvo doce años para presentar sus comentarios, los cuales aprovecharon al máximo. “Se trata de competencia. Así que es otra maniobra de Cow Creek para no tener que competir en el mercado. Han tenido más de 12 años para presentar comentarios y han aprovechado al máximo los 12 años que nos ha llevado autorizar este proyecto.”
El Jueves 2 de Enero del 2025, el Juez de Distrito denegó la solicitud de orden de restricción temporal y el interdicto y anuló la audiencia programada para el 3 de Enero del 2025. Concluido el período de 30 días para comentarios públicos, a pesar de que la gobernadora Tina Kotek solicitó una prórroga a la Oficina de Asuntos Indígenas, el proyecto ahora está en manos del gobierno y es probable que se tome una decisión sobre su futuro en los próximos meses.
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